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martes, 25 de julio de 2017

El Gobierno de Baleares se opone al maltrato y la muerte del toro

Informa EFE que el Parlamento balear ha aprobado este lunes con los votos de los partidos de izquierda y la oposición del PP y C's una ley que prohíbe expresamente maltratar y matar a los toros, por lo que los toreros solo podrán emplear el capote y la muleta, ni banderillas, ni estoques, ni puntillas. La Ley de Corridas de Toros y Protección de los Animales de las Islas Baleares establece que en cada corrida solo se puedan torear tres animales durante un tiempo máximo de 10 minutos cada uno, transcurrido el cual los animales volverán a los corrales y después a sus ganaderías de origen. "Los únicos utensilios" de los que podrá servirse el torero en su faena y sus auxiliares son el capote y la muleta, pero "ningún instrumento punzante que pueda provocar heridas o la muerte del toro", al que tampoco se podrán lanzar objetos. Finalizado el espectáculo, el personal veterinario hará un reconocimiento de los toros para "comprobar su estado sanitario y el bienestar del animal" y se reflejarán en el acta las incidencias, como posibles lesiones, para que se adopten las medidas correspondientes. 
La proposición de ley, presentada y defendida por los partidos que apoyan la gestión del Gobierno balear, PSIB-PSOE, los econacionalistas de MÉS y Podemos, también establece que se haga un control antidopaje a los animales y a los toreros. En las plazas de toros no se podrá vender ni consumir alcohol y queda prohibida la asistencia a este espectáculo a los menores de 18 años. Además, en las fiestas tradicionales con toros fuera de las plazas no se podrán utilizar cuerdas, ni palos ni cualquier utensilio que dañe al animal. En ningún caso se le podrá matar. 
El texto legislativo recoge infracciones leves, con multas de 300 a 1.000 euros, las graves ascenderán hasta los 10.000 euros y las muy graves hasta los 100.000 euros. El Ministerio de Cultura ha remitido este mismo mes al ejecutivo balear que cuestiona 9 de los 14 artículos de esta ley por vulnerar aspectos de la Constitución y recuerda una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que advirtió de que las regulaciones autonómicas sobre esta materia "menoscaban" las competencias estatales. 


 
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