Cuando hace unos días el público que ocupaba tres cuartas partes del aforo de la plaza Monumental de Barcelona gritó a coro: «Libertad, libertad, libertad», mandaba a Cataluña y a España entera un mensaje demoledor sobre el proceso público abierto contra los toros en el Parlamento de dicha comunidad autónoma. La campaña para abolir las corridas de toros en Cataluña, impulsada por grupos nacionalistas e independentistas, es, sobre todo y ante todo, un ataque injustificado y arbitrario contra el derecho del ciudadano de acudir y disfrutar con una tradición profundamente arraigada en la conciencia y el espíritu de una buena parte de la sociedad catalana. El próximo miércoles el Parlament votará el proyecto de ley de prohibición de la Fiesta Nacional, producto de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la plataforma animalista PROU. El resultado de ese acto parlamentario marcará un antes y un después en la historia de una comunidad y de una sociedad históricamente abiertas, tolerantes y pluralistas. Cuesta asumir que, por obra y gracia de una parte de la clase política, Cataluña pueda dar al mundo una imagen coercitiva y prohibicionista, donde sólo se acepta lo políticamente correcto marcado por el poder dirigente.
Los parlamentarios que decidirán el miércoles la suerte final de los toros en Cataluña asumen una responsabilidad trascendente. En este punto creemos positivo que una iniciativa del Partido Popular permita que la ciudadanía pueda conocer el voto de cada uno de los miembros del Parlament. Los catalanes tienen derecho a saber la posición de sus representantes en una sesión que puede coartar su libertad. De acuerdo a los debates previos y las intervenciones en todo el trámite parlamentario, los diputados del PSC y CiU tendrán en sus manos que los catalanes que así lo deseen puedan seguir acudiendo a los cosos y no se vean obligados a trasladarse a otros puntos de España donde la censura no somete la voluntad de la sociedad. Resultó significativo que la Ejecutiva del PSC decidiera la pasada semana dar libertad de voto a sus 37 diputados autonómicos en contra del criterio oficial mantenido hasta la fecha. Este guiño al sector más catalanista del partido es un preocupante presagio. Pese a todo, confiamos todavía en el sentido común y la responsabilidad de muchos parlamentarios convergentes y socialistas que no comparten el proyecto de fomentar una Cataluña pequeña, cerrada y confusa y sí defienden una en la que sus habitantes sean cada día un poco más libres.
LA RAZÓN publica hoy un amplio reportaje que refleja el sentimiento, la afición y la tradición taurinas en Cataluña que los sectores extremistas intentan negar. Desde el joven de la escuela taurina, que se entrena y aprende casi a escondidas, hasta el veterano torero catalán Joaquín Bernardó. Separados por varias generaciones, ambos demuestran que, al contrario de lo que la propaganda antitaurina vende, Cataluña no es ajena ni extraña a ese arte maravilloso y único que enfrenta al diestro con el toro bravo.*
*Editorial del Diario La Razón (25/7/2010)
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