Piden a la Generalidad, una moratoria para el pago de indemnizaciones a Balañá.

Según informa el Diario La Vanguardia, «La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha insistido este martes en que el PP mantendrá en sus negociaciones con CiU la petición de una moratoria del pago de indemnizaciones por la prohibición de los toros en la comunidad autónoma, pese a que la Generalitat ha asegurado que no se plantea esta posibilidad.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Sánchez-Camacho, ha explicado que los presupuestos planteados por CiU para 2011 son "muy austeros" y contienen unos recortes sociales "muy importantes", por lo que considera que no deben incluir el pago de indemnizaciones por la prohibición de los toros.

Por ello, ha garantizado que el PP mantendrá encima de la mesa su propuesta de una moratoria: "Consideramos que cuando no hay dinero para poder pagar las prioridades, que son las prestaciones sociales, cualquier otro gasto tiene que ser postergado", ha defendido.

Sánchez-Camacho ha recordado que los 'populares' están en fase de negociación con CiU, en la que su "prioridad" será rectificar unos presupuestos que son "muy duros y rígidos" en recortes sanitarios y educativos.

En este contexto, ha defendido que las negociaciones no pueden establecerse "en base de condiciones" porque deben estar basadas "en el entendimiento y el diálogo", pero ha insistido en que la sanidad y la educación son requisitos importantes para la sociedad y por ello deben aplazarse otros pagos, como las indemnizaciones por la prohibición de las corridas.

Este mismo martes el Gobierno catalán ha confirmado que aplicará la prohibición de las corridas de toros en Catalunya que aprobó el Parlament el año pasado y ha asegurado que no se plantea impulsar una moratoria para posponer las indemnizaciones que contempla la ley.

La norma aprobada por la cámara catalana establece que la prohibición entre en vigor el 1 de enero de 2012, y precisa que las indemnizaciones deben fijarse por el Govern, dando audiencia a los interesados, en un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.»