La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley sobre supresión de las subvenciones públicas a la tauromaquia, gracias a los votos del PP y del PSOE, mientras que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Esquerra Republicana apoyaron esta iniciativa, y Ciudadanos y el Grupo Mixto se abstuvieron.
La iniciativa, presentada por Esquerra Republicana y que contó con 8 votos a favor, 24 en contra y 6 abstenciones, instaba al Gobierno a iniciar las iniciativas legislativas correspondientes para “prohibir todas las ayudas o subvenciones públicas a las corridas de toros y a la cría de todos de lidia” procedentes de la Administración General del Estado y demás entes u organismos dependientes de ella, y las dirigidas a "actos de difusión y publicidad de los espectáculos taurinos, así como cualquier actividad, sea cual sea su carácter u objetivo principal, que suponga una difusión de la tauromaquia". Además, reclamaba la exclusión inmediata de los criadores de toros de lidia de “las ayudas de la Política Agraria Común y de los demás programas de asistencia la Unión Europea”, así como garantizar el bienestar de los toros en las dehesas, no subvencionar directa ni indirectamente los negocios privados relacionados con la tauromaquia y que cualquier gasto relacionado con la celebración de esos espectáculos, como dispositivos policiales o el control veterinario de los animales, “pasen a correr a cuenta de la organización del evento”.
Francesc Xavier Eritja, de Esquerra Republicana, defendió la proposición no de ley indicando que “la tauromaquia es un negocio claramente subvencionado por las instituciones públicas” que “está basado en una práctica sádica de tortura y muerte del animal para disfrute del público”.
La proposición no de ley fue rechazada por el PP, cuyo portavoz, José Enrique Fernández de Moya, aportó datos de 2013 en el sentido de que el Estado destinó 30.000 euros a la tauromaquia, sólo cuatro comunidades autónomas destinaron partidas para festejos taurinos, 2.167 ayuntamientos organizaron espectáculos de este tipo, estas actividades generan unos 200.000 empleos (57.000 de ellos, directos) y las cotizaciones sociales de sus profesionales ascienden a 12,1 millones de euros.
Antonio Hurtado, del PSOE, recalcó que su grupo votó también en contra “por respeto a los aficionados” y porque los políticos deben gobernar “para todos, no para una parte de la población”. “El absolutismo de los principios de unos pocos no hace democracia, tenemos que ser más flexibles y más tolerantes”, dijo, después de calificar la iniciativa de “subterfugio” por “tratar de cortar el grifo” a las actividades taurinas sin prohibir los festejos.
Josep Vendrell, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, defendió que “un espectáculo de cultura y muerte no forme parte del acervo cultural”. “¿Cómo se puede considerar la tauromaquia, a estas alturas del siglo XXI, como patrimonio cultural común?”, preguntó, antes de precisar que su grupo votó a favor de la proposición no de ley por “una cuestión ética” sobre “el derecho de todo animal a no ser tratado de forma cruel y degradante”, y rehúye la perspectiva identitaria porque también rechaza los ‘correbous’, que se celebran en Cataluña.
Las abstenciones llegaron por parte de Ciudadanos, cuyo portavoz, Vicente Ten, reclamó “un debate sereno y tranquilo” sobre la tauromaquia, y el Grupo Mixto, en el que Ferran Bel (del Partido Demócrata Europeo Catalán) se mostró a favor de algunas de las peticiones de la proposición no de ley, pero no de prohibir las subvenciones públicas a la publicidad de los espectáculos taurinos y de excluir a los criadores de toros de lidia de las ayudas de la Política Agraria Común de la UE.
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