Según publica el diario El País, «La Generalitat solo ha admitido 2 de las 28 reclamaciones que han presentado distintos sectores taurinos para solicitar una compensación económica por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, que entró en vigor en enero de este año, según informa la agencia Europa Press de fuentes del Departamento de Economía.
Se trata de los recursos presentados por la empresa Balañá, propietaria de la plaza Monumental de Barcelona, la única que ofrecía espectáculos en toda la comunidad autónoma, y Funciones Taurinas, conocida popularmente como Casa Matilla, entidad responsable de la organización de la temporada.
De este modo, el Gobierno catalán habría descartado hasta 26 peticiones, correspondientes a toreros que reclaman daños y perjuicios ante la imposibilidad de volver torear en la Monumental, empresas de transporte de ganado, de publicidad y de otras actividades relacionadas con los festejos taurinos. Así, Balañá y Funciones Taurinas "son susceptibles de recibir una compensación" económica, ha señalado Economía, que, en todo caso, ha precisado que no quiere decir que la reciban, puesto que el expediente administrativo que se tramite podría concluir que no ha lugar a ello.
"Tenemos que estudiar bien si pueden recibir indemnización o no", han señalado las mismas fuentes, que han explicado que han solicitado documentación adicional para poder tomar la decisión en las próximas semanas, un proceso para el que no existe un plazo concreto.
La Generalitat ya admitió a mediados de junio que había iniciado las negociaciones para fijar la posible compensación, y que una eventual indemnización, tal como fija la ley, se trasladaría a partir del presupuesto de 2013 o a lo que se derive del expediente de indemnización tramitado.
Ninguna de las dos partes ha especificado hasta el momento qué cantidad considerarían adecuada, aunque fuentes de CiU han augurado que las indemnizaciones solo alcanzarán unos miles de euros, frente a un estudio patrocinado por el sector taurino que eleva la cantidad a entre 300 y 500 millones de euros.
Se abre de este modo un nuevo frente a raíz de la decisión del Parlamento de Cataluña de prohibir los festejos taurinos en esa comunidad a partir del 1 de enero de este año, en una sesión plenaria celebrada el 28 de julio de 2010.
Ya entonces distintos sectores taurinos plantearon la posibilidad de presentar recursos ante lo que consideraron un claro perjuicio para sus economías. En este sentido, aunque se desconocen los firmantes de las reclamaciones no aceptadas, todo hace suponer que el sector turístico y de la restauración podrían estar entre ellos, al ser uno de los más perjudicados por el cierre de la plaza barcelonesa.
No termina aquí el proceso iniciado sobre los toros en Cataluña. Por un lado, el Tribunal Constitucional deberá decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular en octubre de 2010 contra la prohibición.
Asimismo, el Congreso de los Diputados admitió el abril pasado las 500.000 firmas que avalan una iniciativa legislativa popular para declarar la fiesta taurina como Bien de Interés Cultural. Aunque se ha rumoreado recientemente que el Gobierno podría presentar un decreto ley en el otoño, lo cierto es que todavía no hay fecha para la discusión de la ILP y no parece probable que se produzca hasta el inicio del próximo año. En el supuesto de que el Congreso acordara aceptar la petición que contiene la ILP, la prohibición catalana quedaría erradicada. Sin embargo, otro asunto muy diferente sería que volvieran a celebrarse festejos taurinos en Cataluña.»
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